Azul Etcheverry*
Analista
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, sorpresivamente, la constitucionalidad de la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cuestionar a la población sobre la posibilidad de iniciar procesos judiciales en contra de expresidentes de México por su posible participación en actos delictivos en administraciones pasadas.
Esta polémica decisión acarrea una serie de suspicacias jurídicas y políticas que tendrán que ir siendo atendidas hasta el momento en que se realice este ejercicio democrático recientemente avalado. Desde la perspectiva política, esta decisión juega a favor de la máxima casa de justicia de la nación, ya que palia los ataques y amenazas desde la Presidencia de la República, respecto a decisiones polémicas tomadas en el pasado, y desde el Legislativo, que buscaría la forma de realizar los cambios a modo constitucionales que se requieran para justificar los objetivos políticos y electorales.
Sin embargo, desde la perspectiva legal, el contexto y resultado son más complejos. La aprobación de la consulta, con votación dividida 6 a 5, vino acompañada de la reinterpretación decididamente ambigua que los jueces acordaron dar a la pregunta original que sería presentada a la ciudadanía, para escudar su decisión. El problema es que “la justicia no se consulta”, como bien señaló el ministro Javier Laynez, al no coincidir con quienes piden replantear la materia para ajustarla a la Constitución.
Otro factor importante para destacar es que, en este asunto, la decisión que se tomó vino acompañada a la no vinculación, por lo que las autoridades judiciales no estarán obligadas a iniciar procesos legales en caso de que la consulta ciudadana resulte en caso afirmativo. Con ello se protegen argumentos relacionados al debido proceso y protección jurídica de los involucrados.
Aquí, la SCJN cae en una incongruencia en virtud de que, si se tuvo que hacer una modificación en la pregunta que se propuso, de origen sería anticonstitucional, no obstante, lo que vimos fue al Poder Judicial tratar de legitimar las decisiones del Presidente.
La diferencia no se conseguirá encarcelando a personajes non gratos de la vida pública, ya se ha hecho muchas veces en el pasado, pero sin que ello trajera verdaderas repercusiones jurídicas. Estamos ante un escenario en el que se pone en entredicho la independencia de los Poderes de la Unión y la discusión pública junto con la Constitución se vieron desvirtuadas.
Si se busca esclarecer los crímenes del pasado, no se necesita una consulta popular, lo que se requiere es el desarrollo de capacidades institucionales que permitan estructurar un sistema judicial eficiente y verdaderamente autónomo que permita, a través de procesos impolutos, llegar a la verdad histórica que los mexicanos merecemos.
source https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/leyes-a-la-medida/1410421
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